El Constitucional de
Francia estudia si la Fiesta se ajusta a la constitución gala
Diez miembros del Consejo
escucharán este martes los argumentos de los favorables a los toros y de los
contrarios y fallarán próximamente
El
Consejo Constitucional francés celebrará este martes una vista para determinar
si la tauromaquia es conforme a la Constitución gala, a raíz de la denuncia
presentada por los antitaurinos del país.
Según informa la edición digital del diario La Vanguardia, diez miembros del Consejo, máxima instancia constitucional francesa, escucharán los argumentos de los favorables a los toros y de los contrarios, impulsores de la iniciativa que persigue prohibir la corrida en el país, para dictar sentencia próximamente.
El Comité Radicalmente Anticorrida (CRA), que presentó la denuncia, sostiene que los toros son contrarios a la Constitución francesa puesto que solo se permiten en una zona muy determinada del país y no en el resto. "En un país las leyes tienen que ser iguales para todos. En este caso, el maltrato de animales, que es un delito penado por la ley en el 90% del territorio francés, no lo es en el 10%. Es aberrante", afirmó a Efe el vicepresidente del CRA, Jean-Pierre Garrigues.
Según publica el citado rotativo, la denuncia fue presentada en septiembre pasado por los antitaurinos después de que a principios de 2011 el Ministerio francés de Cultura inscribiera los toros en el patrimonio cultural galo. La querella llegó hasta el Consejo de Estado, que en junio pasado decidió admitir a trámite la cuestión previa de constitucionalidad presentada por los demandantes por considerar que la ley, tal y como está redactada, puede ir en contra de la carta magna.
La legislación francesa prevé penas de hasta dos años de cárcel y 30.000 euros (38.300 dólares) de multa para quienes causen daños crueles a los animales. Sin embargo, establece una excepción para las corridas y las peleas de gallos en aquellas ciudades donde exista una tradición de estos espectáculos.
Fue en 1951 cuando los diputados adoptaron esta excepción que legalizaba las corridas en el sur del país, una situación que los diferentes Gobiernos han mantenido. El CRA considera que el expresidente, Nicolas Sarkozy, dio un impulso decisivo a la tauromaquia en Francia, lo que se tradujo en su inscripción en el patrimonio cultural del país. Pero creen que el actual Ejecutivo socialista tampoco tiene previsto ir en contra de las corridas.
Frente a los anticorridas, la Asociación de Ciudades Taurinas de Francia y el Observatorio Nacional de Culturas Taurinas defenderán la pertinencia de los toros en el país. El Gobierno tiene la posibilidad de tomar parte en el debate, aunque desde el CRA esperan que no interfiera.
Entre los miembros del Constitucional que estudiarán la cuestión -concluye la información- no estará Sarkozy, que forma parte de la instancia en su calidad de expresidente pero que fue recusado por los antitaurinos porque fue el impulsor de la ley que pretenden abolir. El Constitucional fijará mañana la fecha en la que hará pública la sentencia.
Según informa la edición digital del diario La Vanguardia, diez miembros del Consejo, máxima instancia constitucional francesa, escucharán los argumentos de los favorables a los toros y de los contrarios, impulsores de la iniciativa que persigue prohibir la corrida en el país, para dictar sentencia próximamente.
El Comité Radicalmente Anticorrida (CRA), que presentó la denuncia, sostiene que los toros son contrarios a la Constitución francesa puesto que solo se permiten en una zona muy determinada del país y no en el resto. "En un país las leyes tienen que ser iguales para todos. En este caso, el maltrato de animales, que es un delito penado por la ley en el 90% del territorio francés, no lo es en el 10%. Es aberrante", afirmó a Efe el vicepresidente del CRA, Jean-Pierre Garrigues.
Según publica el citado rotativo, la denuncia fue presentada en septiembre pasado por los antitaurinos después de que a principios de 2011 el Ministerio francés de Cultura inscribiera los toros en el patrimonio cultural galo. La querella llegó hasta el Consejo de Estado, que en junio pasado decidió admitir a trámite la cuestión previa de constitucionalidad presentada por los demandantes por considerar que la ley, tal y como está redactada, puede ir en contra de la carta magna.
La legislación francesa prevé penas de hasta dos años de cárcel y 30.000 euros (38.300 dólares) de multa para quienes causen daños crueles a los animales. Sin embargo, establece una excepción para las corridas y las peleas de gallos en aquellas ciudades donde exista una tradición de estos espectáculos.
Fue en 1951 cuando los diputados adoptaron esta excepción que legalizaba las corridas en el sur del país, una situación que los diferentes Gobiernos han mantenido. El CRA considera que el expresidente, Nicolas Sarkozy, dio un impulso decisivo a la tauromaquia en Francia, lo que se tradujo en su inscripción en el patrimonio cultural del país. Pero creen que el actual Ejecutivo socialista tampoco tiene previsto ir en contra de las corridas.
Frente a los anticorridas, la Asociación de Ciudades Taurinas de Francia y el Observatorio Nacional de Culturas Taurinas defenderán la pertinencia de los toros en el país. El Gobierno tiene la posibilidad de tomar parte en el debate, aunque desde el CRA esperan que no interfiera.
Entre los miembros del Constitucional que estudiarán la cuestión -concluye la información- no estará Sarkozy, que forma parte de la instancia en su calidad de expresidente pero que fue recusado por los antitaurinos porque fue el impulsor de la ley que pretenden abolir. El Constitucional fijará mañana la fecha en la que hará pública la sentencia.
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