miércoles, 25 de agosto de 2010

hay que pedir indemnisacion a la GENERALIDAD de CATALUÑA


La Generalidad de Cataluña debe fijar en medio año la compensación económica a los afectados por la prohibición de las corridas de toros a partir de 2012, según se desprende de la publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) de la modificación de la ley catalana de protección de los animales para prohibir las corridas en la comunidad.
La publicación autonómica, insta al Gobierno catalána fijar las indemnizaciones a los titulares de derechos subjetivos en el plazo de seis meses y "mediante el correspondiente procedimiento administrativo, con audiencia a los interesados". El plazo estipulado, de seis meses, fijaría las indemnizaciones en febrero de 2011, antes de que empiece la que podría ser última temporada de la Monumental de Barcelona.
La modificación de la ley de protección de animales aprobada el 28 de julio por la mayoría absoluta de los diputados catalanes señala asimismo que los efectos económicos de la prohibición "se trasladan al presupuesto del ejercicio siguiente al de la fecha de su aprobación o bien al que se derive del expediente indemnizatorio tramitado a tal efecto".
En la justificación de la abolición de las corridas taurinas, el texto recuerda que ya en 1988 Cataluña adoptó una de las legislaciones más proteccionistas de su entorno en cuanto a la protección de los animales, y que desde entonces ya se había prohibido la entrada a las plazas a menores de 14 años y la construcción de nuevos cosos taurinos, entre otras medidas.
Además, se asegura que este tipo de espectáculos "objetivamente implican un maltrato al animal" que le provoca "dolor, padecimiento y, por último, la muerte", puesto que los toros son animales mamíferos con un sistema nervioso "muy próximo al de la especie humana".
Finalmente, el preámbulo justifica también que la afición taurina ha sufrido un "fuerte descenso" en Cataluña durante los últimos años y que esta tradición provoca "rechazo" entre "muchas" de las personas que visitan el país, por lo que la definitiva prohibición es el resultado de que la consideración de que el toro es un ser vivo capaz de sufrir "ha arraigado en el sentimiento de la sociedad catalana".
Las indemnizaciones fueron cuantificadas, antes incluso de la prohibición, en alrededor de 300 millones de euros que saldrían lógicamente de las arcas públicas catalanas.

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